Por estos días asistimos a lo que es llamado “alegato” en un juicio que cada vez tiene menos elementos de los que constituyen uno.
El alegato fiscal de los recusados Diego Luciani y Sergio Mola en la causa por la obra pública altera el orden de la justicia. Primero la acusación, después se busca el delito. Las pruebas, por el momento, ausentes. Los alegatos fiscales, junto al proceso judicial del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Comodoro Py, integrado por Andrés Basso y los recusados Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, son la exposición de la persecución institucionalizada, de la conformación de un sistema de armado de causas con fines políticos.
No buscan justicia, sino perseguir e inhibir a un apellido signado por la ampliación de derechos de las mayorías por sobre la ampliación de beneficios de las minorías, pero sobre todo por haber marcado un antes y un después en la búsqueda de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado. Y en esa persecución están a la cabeza los grupos económicos que siguen impunes por su participación en el terrorismo de Estado, como Clarín y La Nación, que anticipan el alegato fiscal, anuncian y promueven la condena penal, y a falta de pruebas reales, aportan guiones para que el proceso judicial carente de garantías e imparcialidad, al menos parezca hacia afuera una verdadera acusación basada en pruebas.
Cuando nuestras Madres, Abuelas, Padres y Familiares salieron a buscar la aparición con vida de nuestros familiares, encontraron un Poder Judicial tan funcional al terrorismo de Estado como partícipe. En ese momento, en pleno genocidio, lo vieron en cada habeas corpus rechazado. En operativos ilegales que carecían de un juez o fiscal. El Poder Judicial negaba una realidad que tenía cada vez más centros clandestinos y víctimas. Con el tiempo conocimos más sobre la participación de la corporación judicial en la miseria planificada y el genocidio. A poco de terminada la dictadura, se realizó el Juicio a las Juntas militares, con un alegato fiscal que quedó casi más marcado ante la historia que la sentencia: “Señores jueces, Nunca Más”. A partir de entonces, esas condenas fueron revertidas con leyes de impunidad, pero esa frase quedó inconfundiblemente vinculada a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
Cuando en H.I.J.O.S. empezamos a organizarnos contra la impunidad de TODOS los culpables, pensamos una herramienta basada en la condena social. Cerrada la opción de los juicios en los tribunales, el escrache buscó que la casa del genocida o partícipe civil sea la celda, que el repudio popular fuera la condena. Y así fue: señalamos dónde vivían torturadores, secuestradores, violadores, apropiadores, y también a los partícipes civiles como jueces, empresarios, e integrantes de la Iglesia. La violencia era verlos caminar por las calles, mientras mantenían los pactos de silencio.
A fuerza de luchas y políticas de Estado que llegaron con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, empezamos una etapa histórica de Memoria, Verdad y Justicia. Los mismos tribunales que tramitan cualquier juicio, con el mismo Código Procesal Penal en la mano que se aplica para cualquier causa, en las mismas sedes judiciales que se usan para las audiencias de otros debates, empezaron a tener a los genocidas en el banquillo. Ese proceso de justicia atravesó a todo el país y logró, incluso, que el Poder Judicial se revise, juzgue y condene a sí mismo. Nada de todo esto está terminado, pero lo conseguido hasta ahora es histórico.
Durante el macrismo encontramos profundos retrocesos en los juicios por delitos de lesa humanidad. Y seguimos luchando. Incluso cuando la Corte moldeada por los grupos económicos pretendió imponer el 2×1 para los genocidas, mientras el Poder Ejecutivo reponía la teoría del enemigo interno con opositores políticos, sindicales y sociales. Empezamos a escuchar la palabra lawfare y mirar su contexto en la región.
Desde hace tiempo, lo que tenemos en el Poder Judicial no necesariamente es justicia.
En este contexto, volvemos a expresar nuestro apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante esta persecución explícita que no puede pasar desapercibida para quienes defendemos la democracia.
H.I.J.O.S. Capital en la Red Nacional
