Este 24 de marzo no hemos convocado a la Plaza de Mayo por la gravedad de la situación epidemiológica. Queremos agradecer a todas las personas que en nuestro país trabajaron incansablemente y lo siguen haciendo para cuidar la vida y la salud como derechos humanos primordiales.
Hoy, a 45 años del golpe genocida de 1976, como cada 24 de marzo, repudiamos el terrorismo de Estado y el plan criminal de la última dictadura cívico-militar, cuyas consecuencias seguimos afrontando. Hace 45 años, las Fuerzas Armadas y sectores civiles dieron el último golpe de Estado en la Argentina. Con la toma del poder, formalizaron un proceso que había comenzado antes con el Operativo Independencia en Tucumán, el despliegue de la Triple A en el país y el Plan Cóndor en la región, con el accionar directo de la embajada de Estados Unidos. Son 45 años de aquel golpe que nos cambió para siempre la vida a miles de familias y la historia de todo el pueblo. 45 años en los que reivindicamos 30.000 luchas.
Ese plan sistemático del horror fueron las desapariciones forzadas, asesinatos y robo de bebés en los más de 750 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el encarcelamiento de más de 10.000 presos y presas políticas, el exilio, la miseria planificada, la deuda externa que hambreó al pueblo y nos despojó por décadas de la soberanía como nación.
Estos años que pasaron nos encontraron luchando por Memoria, Verdad y Justicia. Pero seguimos necesitando toda la verdad, que se terminen los pactos de silencio y los genocidas y partícipes digan DÓNDE ESTÁN los miles de cuerpos desaparecidos. Madres, Abuelas, Familiares, padres, hijas e hijos, compañeras y compañeros, se han ido de esta vida sin saberlo, sin un lugar para llevarles una flor o hacer una despedida. Es un derecho de las familias y de todo el pueblo saber dónde están y obtener justicia.
Son 30.000 personas detenidas-desaparecidas que lucharon por una sociedad justa e inclusiva, la patria socialista, la patria justa, libre y soberana, la liberación nacional y social. Desde militancias provenientes de distintas vertientes ideológicas y políticas del campo popular, lucharon por transformar la realidad. No fueron indiferentes ante lo injusto.
La historia de estos 45 años es de resistencia y de lucha. En pleno genocidio, las Madres, Abuelas, Familiares y las organizaciones de derechos humanos, salieron a buscar a las desaparecidas y desaparecidos. Sobrevivientes y familiares recorrieron el país y el mundo dando testimonio del horror de los campos de concentración, de la búsqueda y la falta de respuestas del Estado genocida. Junto a abogados y abogadas de los organismos, presentaron, aún en dictadura, las primeras denuncias judiciales. Sin respuestas, salieron a las calles a reclamar APARICIÓN CON VIDA. Comenzaba un largo e ininterrumpido camino en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Una vez recuperada la democracia, en 1985 fueron juzgados los comandantes de las sucesivas Juntas Militares. Más tarde, como pueblo resistimos a las leyes de impunidad y a los indultos. Luchamos por juicio y castigo en las calles, en los tribunales y cortes internacionales.
A partir del 2003, cuando el presidente Néstor Kirchner impulsó la nulidad de las leyes de impunidad y se reabrieron las causas, pudimos avanzar en el camino de la Justicia.
Hasta ahora, fueron condenados más de mil genocidas y otros tantos están siendo investigados y muchos llegarán a juicio. Aún resta por conocer una gran cantidad de información. La planificación y ejecución del genocidio fue posible porque existió la participación de los sectores de poder concentrado, que fueron cómplices del sistema de terror, colaborando con el disciplinamiento social y encubriendo el plan de exterminio. La cúpula de la Iglesia, los grupos económicos, la corporación judicial, la embajada de Estados Unidos fueron parte del accionar criminal del terrorismo de Estado. 45 años después, casi en su totalidad, siguen impunes.
Hay en curso centenares de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, pero muchos de los Juzgados y tribunales que las tienen a su cargo las dilatan y terminan garantizando así la impunidad de muchos de los responsables. Urge acelerar las causas. Exigimos que la Cámara de Diputados apruebe la ley que ya tiene media sanción del Senado para que los juicios adquieran un ritmo mayor y acorde a los tiempos: el ciclo de la vida lo impone. Hoy, como ayer, queremos juicio y castigo para todos los culpables.
Por eso también exigimos que el Congreso ponga en funcionamiento la comisión bicameral para investigar la participación empresarial en delitos de lesa humanidad. Necesitamos la decisión política y judicial para avanzar sobre esa participación criminal que sigue teniendo el beneficio de la impunidad. El Senado de la Nación tiene otra deuda: la elección del nuevo o nueva Procuradora General. No es posible que al frente del Ministerio Público Fiscal, rol crucial en las investigaciones penales, se encuentre un procurador interino investigado por mal desempeño y partícipe del lawfare.
A 45 años del golpe genocida, la mayoría de los condenados tiene prisión domiciliaria, un beneficio sin controles, o está en libertad por decisión de los jueces, pese a no haber completado sus condenas, sometiendo a sobrevivientes a la revictimización que implica la posibilidad de encontrarse con sus torturadores en cualquier momento. El barrio no es un lugar para genocidas. Su único lugar es la cárcel común.
Los mayores beneficiarios del plan económico de la dictadura, quienes la apoyaron y financiaron, siguen siendo el poder real de este país. La cabeza misma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, es un magistrado vinculado a ese poder, el Grupo Clarín. Es el juez que intentó beneficiar a los genocidas con el 2×1 y el único que no revirtió su criterio después de esa pretensión de impunidad que fue impedida por el pueblo a fuerza del Pañuelazo nacional.
A 45 años del golpe genocida, exigimos democratizar el Poder Judicial para construir la Patria de todas, todos y todes.
Pasaron 45 años y el silencio de los genocidas se mantiene. Saben y callan el destino final de miles de víctimas y la información sobre las y los nietos apropiados. Saber dónde están es una de las mayores deudas de nuestra democracia. Todavía hay cerca de 300 jóvenes que viven con un apellido falso. Son personas que tienen derecho a conocer su identidad, así como también sus familias tienen derecho a ese encuentro. Es una búsqueda que sigue desde hace más de 40 años. Todas las familias necesitamos reparar los lazos que la dictadura intentó borrar.
El trabajo de las Abuelas impulsó desde sus inicios avances científicos, el test de abuelidad, la creación del Banco nacional de datos genéticos, la investigación de los casos de apropiación son un precedente a nivel mundial. Hoy nos encontramos ante un nuevo desafío, donde es necesaria la participación de todos los estamentos del Estado, trabajando mancomunadamente con la ciencia para utilizar las tecnologías y las herramientas que nos permitan encontrar a quienes aún nos faltan.
No podemos despedir a más Abuelas sin el abrazo anhelado. Es apremiante sanar colectivamente las heridas. Por eso, quienes dudan de su origen, quienes sepan algo, el momento es ahora: acérquense. Y a quienes tienen información o creen que alguien a quien conocen puede ser hijo o hija de personas desaparecidas, les pedimos que se comuniquen con Abuelas. Tienen derecho a conocer su identidad y saber quiénes son. La garantía para que no se repitan semejantes crímenes, es decirle NUNCA MÁS al silencio.
En nuestro país, todavía hay decenas de presas y presos políticos, víctimas del armado de causas, la persecución y el encarcelamiento arbitrario e ilegal, proceso que instaló el macrismo y que continúa activo en sectores del Poder Judicial.
Mientras no se democratice ese Poder, quienes cuestionen las políticas de hambre, saqueo y exclusión, quienes defiendan los derechos y la dignidad del pueblo, quedarán a merced de la persecución y el lawfare. Una vez más, exigimos la inmediata libertad y el desprocesamiento de militantes populares y perseguidos y perseguidas políticas. Y llamamos a acabar con esos “sótanos de la democracia” que, en connivencia con un sector de la prensa, hicieron del lawfare su método para hacerse del poder en la Argentina y en Brasil, como casos más emblemáticos.
El genocidio construyó las bases para la instalación del neoliberalismo en nuestro país. Durante décadas resistimos a la pérdida de empleos, el desmantelamiento de la industria, la privatización de recursos naturales, y seguiremos resistiendo a todo intento de sostener esas políticas. Hace poco más de cinco años, los defensores del neoliberalismo ganaron las elecciones. Con el gobierno de Mauricio Macri retornaron a escena los negacionistas del genocidio, los defensores de la impunidad, los endeudadores seriales, los enemigos de la clase trabajadora. Pero este pueblo sabe de luchas y resistencia y en cuatro años le dijo NO al neoliberalismo. Pudo unirse y recuperar el control del sistema político.
Sin embargo, el gran capital financiero, la oligarquía representada por la Mesa de Enlace, los medios concentrados y sus operadores judiciales siguen allí. Los vemos proclamar sus discursos de odio, con sus intentos de desestabilización institucional y hostigando a quienes reclaman en las calles. No hay que perder la unidad ni permitirles que dicten el rumbo de nuestro país. Sus negociados no pueden quedar impunes, entre ellos el endeudamiento criminal ante el FMI dispuesto por Macri y sus socios para fugar la plata del país y someter a generaciones al pago de una deuda que solamente sirvió para aumentar la riqueza de quienes más tienen y la pobreza de quienes menos tienen.
La corporación judicial actuó como garante de esos intereses. Se impone transformar este Poder que cuida de sí y de los propios en uno que vele por el bien común. Queremos una Justicia justa, que sostenga y practique valores democráticos. No queremos supremos ni cortesanos, sino personas que trabajen aplicando la Constitución y las leyes para resolver los conflictos de la ciudadanía y no para sostener el poder de unos pocos, sus prebendas, privilegios y la propiedad privada. Necesitamos que esa gran transformación de la Justicia y su Poder sea revolucionada también por la perspectiva de género. Una justicia inclusiva y respetuosa de la diversidad. Es urgente democratizarla. Refundarla. Ponerla al servicio del pueblo.
La erradicación de la violencia institucional es otra de las deudas de la democracia. Debemos alertar sobre la persistencia por décadas de las peores prácticas en todas las Fuerzas de Seguridad. Facundo Astudillo Castro es uno de los ejemplos que refleja esa realidad. Se vuelve imperioso capacitar y consolidar Fuerzas comprometidas con la democracia, que respeten los Derechos Humanos y con perspectiva de género, para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia y la letalidad institucional.
También tenemos que señalar el aumento de los femicidios y su agravamiento por la desatención de las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial. Por eso, hoy más fuerte que nunca, decimos: ni una menos, vivas nos queremos.
Hay que multiplicar los esfuerzos para enraizar la verdad, hay que sembrar memoria todos los días en todos los ámbitos, hay que comprometerse firmemente en dar esta batalla cultural, en cuestionar el mensaje único, los mandatos patriarcales y el sentido común que naturaliza la violencia. Esta tarea es indispensable. Basta de violencia institucional. Basta de violencia patriarcal.
A 45 años del golpe genocida, el camino recorrido nos ha permitido comprender y resignificar nuestra historia. Si con el genocidio pretendieron borrar la experiencia de lucha y resistencia del pueblo argentino, la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia las mantuvo vivas y a los 30 mil presentes.
Sin embargo, en todo el mundo han reaparecido los discursos de odio. Nuestro país no ha quedado exento. Desde el inicio de la segunda década del siglo, estas expresiones comenzaron a hacerse sentir y recrudecieron en 2015 con el triunfo de la Alianza Cambiemos, que los habilitó y los reprodujo.
Vimos cómo se estigmatizaba la lucha inclaudicable de todo el movimiento popular contra la impunidad hablando del “curro de los derechos humanos”, cómo se responsabilizaba a Santiago Maldonado o Rafael Nahuel por su propio destino, cómo se fomentaba la delación a docentes. Vimos, más recientemente, las amenazas de bolsas mortuorias en Plaza de Mayo. Estos mensajes intentan que nos veamos como enemigos para intentar legitimar la persecución. Frente a todo esto, decimos una vez más: NUNCA MÁS EL SILENCIO, ¡Verdad y Justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado!
Las desigualdades en las que vivimos han quedado más expuestas a lo largo de este año: familias que no tienen una vivienda digna, millones de personas sin empleo formal y sin posibilidad de un ingreso mínimo, más de la mitad de las infancias en situación de pobreza, y el aumento constante del precio de los alimentos que sostiene esta precariedad. Estamos frente a una crisis económica que, como siempre, pega más fuerte a quienes menos tienen. La pandemia del coronavirus profundizó la grave situación que nos dejó Macri. Y en la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, el neoliberalismo sigue en el poder, agravando las desigualdades y boicoteando las políticas de inclusión social que tratan de implementarse desde el Gobierno nacional. Nuevamente, decimos que la salida es colectiva y con el Estado presente.
La Patria Grande, el sueño latinoamericano que comenzó a construirse hace más de 200 años, y que sentimos florecer de la mano de estadistas como Néstor, Lula, Chávez, Cristina, Correa y Evo, sufrió una fuerte derrota en los últimos años.
El lawfare no fue ajeno a este proceso regional. Es el arma de una matriz golpista que, aún en democracia, puede desplegar todas las herramientas de la persecución real, con el uso de las instituciones y del aparato de propaganda y construcción de sentido desde los grupos económicos que se autodenominan prensa libre, pero son el partido político de la derecha con reelección eterna.
Con la victoria de Alberto y Cristina en Argentina, el MAS en Bolivia, el proceso que comienza a revertirse en algunos países, reaparecen las esperanzas. En un acto de justicia, Lula vuelve a recuperar sus derechos y la posibilidad de aspirar a su candidatura, el correísmo en Ecuador está dando una dura batalla electoral cuyo resultado conoceremos en pocos días. Venezuela sigue resistiendo y luchando. Evo volvió a su tierra. Saludamos al pueblo de Chile que llenó de lucha y resistencia sus calles y repudiamos la represión criminal del gobierno de Sebastián Piñera.
Debemos estar alertas. La cada vez más alevosa campaña de ejecuciones en Colombia y la desaparición forzada en Paraguay de Carmen Villalba, “Lichita”, de apenas 14 años, luego del infanticidio de sus primitas argentinas, son apenas unos ejemplos de la barbarie. En este marco, gritamos con todas nuestras fuerzas ¡aparición con vida de Carmen Villalba! Exigimos saber qué pasó y el juicio y castigo a los responsables.
NUNCA MÁS ES NUNCA MÁS
Pasaron 45 años del golpe genocida y en nuestro país los pañuelos blancos fueron, son y serán la bandera de la Memoria, la Verdad y la Justicia. También de un pueblo solidario y comprometido. Los pañuelos tienen 30.000 historias, nombres, familias, recuerdos y militancias. Y son 30.000 y están presentes en nuestro pueblo, en nuestra memoria, en cada causa justa que nos convoca. No vamos a permitir el odio: nuestras luchas nacieron en el amor. Nunca elegimos la venganza ni lo haremos jamás. Vamos a seguir este camino hacia la victoria, ¡siempre!
Restitución de la identidad de las nietas y nietos
Libertad a las y los presos y presas políticas
Juicio y castigo a los genocidas y partícipes civiles
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza – Asociación Buena Memoria – Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte – Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz – Fundación Memoria Histórica y Social Argentina – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
