Rechazamos de manera rotunda las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich en las que, entre otras barbaridades, acusa a los organismos de derechos humanos con expresiones absolutamente falsas, alejadas de la realidad y plagadas de contradicciones.
Advertimos que la ministra ha incurrido en prácticas contrarias a los principios más elementales en materia de seguridad democrática, desde el principio de su gestión, avalada por el propio presidente Mauricio Macri. Ha argumentado groseramente a favor del accionar de las Fuerzas de Seguridad a su cargo en diversos hechos de violencia estatal acaecidos a lo largo y ancho del país, tomando decisivo partido a favor de distintos miembros de esas Fuerzas, implicados en hechos graves.
La ministra Bullrich ha violentado normativa preexistente para favorecer el uso indiscriminado y abusivo de las armas por parte de las Fuerzas policiales e incluso ha alentado públicamente el uso de armas en la población civil, contraviniendo compromisos nacionales e internacionales. Junto al presidente Macri, ha defendido a funcionarios y agentes de seguridad involucrados en delitos graves contra la integridad y la vida.
La ministra Bullrich miente en sus dichos sobre la desaparición de Luciano Arruga, cuando quedó demostrado que el joven fue hostigado, perseguido, detenido y torturado por la Policía local, existiendo pruebas evidentes de que en su desaparición intervino el Estado mediante el accionar violento de su Fuerza de Seguridad, que además contó con la complicidad del sistema de salud y del Poder Judicial. Luciano Arruga fue buscado por sus familiares, amigos/as y compañeras/os con el acompañamiento de organismos de derechos humanos, esos a los que la ministra denigra. Esa búsqueda culminó, tras un largo peregrinar, en que lograron hallarlo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.
Además de mentir, la ministra Bullrich desconoce y contraría el fallo de la Cámara Federal de General Roca en la causa por el asesinato del joven Rafael Nahuel, que revocó la bochornosa sentencia de primera instancia y ordenó la detención del oficial del grupo Albatros, responsable de la muerte del joven mapuche, tal y como largamente lo reclamase su familia y el organismo querellante.
El cambio de paradigma que la ministra reivindica como política de su gestión constituye el peor retroceso sufrido en democracia, después del indulto a los genocidas, y pone en serio riesgo al Estado de Derecho.
Los organismos de derechos humanos coincidimos con el pedido de juicio político a la ministra, que efectuaran por estas horas distintos bloques parlamentarios, con sustento en la responsabilidad que le cabe a la funcionaria por las flagrantes y gravísimas situaciones de violencia institucional promotoras de tanta muerte y de tanto sufrimiento.
Por todo esto, exigimos al Poder Ejecutivo nacional que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sea separada de inmediato de su cargo, que tan indignamente desempeña.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Capital
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza
Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia Zona Norte
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
