Tras haber presentado impugnaciones para la postulación de la Dra. Inés Winberg para el cargo de Procuradora General de la Nación, los organismos de derechos humanos participaremos hoy a las 14:00 en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, en la que fue convocada la candidata.
Ayer, desde Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria Verdad y Justicia Z. Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hemos reiterado los argumentos de las impugnaciones para que sean de conocimiento de cada senador y senadora de la Comisión y los Bloques
Entre los motivos que sustentan nuestro rechazo a la postulación, resaltamos la falta de compromiso de la Dra. Weinberg con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Como hemos manifestado en las presentaciones, a modo de ejemplo, como miembro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Weinberg, al ser consultada por el proceso de justicia en ese país, contestó: “Sólo estamos generando prueba de un solo lado. (…) entonces, tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien”. Esta afirmación resulta sumamente preocupante y no fue aclarada o rectificada por la Dra. Weinberg, ni siquiera tras ser impugnada ante el Ministerio de Justicia de la Nación por el mismo motivo.
Además, como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la Dra. Weinberg emitió un fallo que faculta a la Policía a detener personas en la vía pública para pedirles identificación, sin una justificación objetiva. Este criterio implica un grave retroceso para las garantías constitucionales, reconociendo un poder exorbitante a las fuerzas policiales.
Por lo expuesto, a partir de nuestra experiencia adquirida a lo largo de más de 40 años de lucha de los organismos de derechos humanos, pedimos al Senado de la Nación que no convalide con su acuerdo a una funcionaria que no ha demostrado un claro compromiso con la búsqueda de Verdad y Justicia por los crímenes del terrorismo de Estado. El Senado de la Nación tiene un evidente rol en la conformación de un sistema de justicia que garantice la vigencia de los derechos humanos y en impedir que accedan a cargos de tanta relevancia quienes no han tenido un compromiso serio en la lucha contra la impunidad.
